AI vuelve a recoger casos de torturas a ciudadanos vascos

Expresa preocupación por las denuncias de malos tratos durante la incomunicación

El trabajo presentado por Amnistía Internacional incluye al Estado español entre más de un centenar de países en los que observa abusos y violación de derechos humanos. Amnistía Internacional menciona en su capítulo dedicado al Estado español algunas de las denuncias de malos tratos y torturas que fueron realizadas el año pasado por ciudadanos vascos detenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado acusados de colaboración o pertenencia a ETA.

Entre los casos más escalofriantes, destacan los de Maite Pedrosa y Cristina Gete. Pedrosa relató en su día, tal y como recoge el informe, que fue violada en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por agentes de este cuerpo, que "le introdujeron dedos, manos y un objeto frío, que según ellos era una pistola, en el ano y la vagina". Cita, de la misma manera, el testimonio de la vecina de Donostia Cristina Gete tras su paso por comisaría, según el cual fue objeto de "golpes, asfixia parcial con una bolsa, humillada sexualmente y amenazada".

Figura, asimismo, el caso de Encarnación Blanco. "Según el comité contra la tortura ­dice­ las autoridades habían violado el derecho internacional a una investigación rápida e imparcial y que había pruebas racionales para creer que había sido objeto de torturas". Amnistía Internacional recuerda que los hechos denun- ciados por Blanco en 1992 fueron rechazados, por considerarlos infundados, por los tribunales españoles y que agotó todas las vías legales que tenía hasta 1996. Añade que el citado comité "encuentra suficientes evidencias en un número de informes médicos, lo que tendría que impulsar una nueva apertura del caso", para agregar que "la negativa a escuchar a testigos denotaba una falta de diligencia en este caso".

Además de los casos de estas tres mujeres, el informe anual de Amnistía Internacional menciona las denuncias de personas que en situación de incomunicación "hacían referencias constantes a la práctica de asfixia parcial con bolsas de plástico". Menciona a David Gramont, que declaró que en dependencias de la Guardia Civil le sumergieron en repetidas ocasiones la cabeza en una bañera llena de agua, e Iñaki Armendariz, que denunció que "le pusieron una bolsa en la cabeza, le golpearon varias veces y le obligaron a hacer flexiones" expone el informe. El documento cita también los casos de Fernando Elejalde, Kepa Urra y los de José Ramón Quintana y José Pedro Otero, detenidos en su día por su supuesta pertenencia a Iraultza.

El documento presentado ayer dedica un apartado a la actuación judicial del año pasado en relación a la actividad de los GAL. En concreto hace referencia a los casos Marey, Lasa y Zabala y Ramón Oñaederra y a las sentencias condenatorias a José Barrionuevo y Rafael Vera, de quienes recuerda fueron en su día altos cargos del Gobierno español. Manifiesta la intención de Amnistía Internacional de seguir de cerca las investigaciones sobre las acciones de los GAL pendientes de juzgar.

Demora en los juicios

En relación a los tribunales, la organización autora del informe destaca el archivo de 40 casos de torturas, cuya reapertura fue solicitada después, al tiempo que se pidió que los jueces que ordenaron su archivo fueran investigados. AI pone también de manifiesto la celebración de varios juicios relacionados con denuncias de malos tratos que en ocasiones "revelaron la existencia de largas demoras y una impunidad de hecho". El informe añade que "los agentes que cometieron estos hechos fueron juzgados y condenados muchas veces tras largas demoras" y que "las condenas fueron a menudo nominales".

No faltan las referencias a la declaración de tregua por parte de ETA en setiembre del año pasado y a la firma de la Declaración de Lizarra-Garazi en el mismo mes por parte de un elevado número de organizaciones políticas, sindicales y sociales vascas.

Amnistía Internacional señala que ha mantenido conversaciones, entre otros, con líderes políticos vascos, así como con el Ministerio de Interior español y el lehendakari de Gasteiz, a quienes expuso su preocupación las denuncias de torturas y malos tratos durante los periodos de incomunicación, al tiempo que les solicitó que atajasen dichas denuncias.

Gestoras pro-Amnistía destacó ayer al conocer el contenido del informe que "la incomunicación a la que se somete sistemáticamente a los detenidos políticos en Euskal Herria aparece un año más en el punto de mira de AI". El organismo antirrepresivo destaca que "el año pasado fueron más de un centenar de ciudadanos vascos los que sufrieron todo tipo de torturas y malos tratos" en comisaría. Gestoras lamenta que esta práctica lejos de cesar "vuelve a repetirse en este ejercicio" y recuerda, entre otros, los recientes casos de Nekane Txapartegi y Mikel Egibar.

Gestoras llama así a los agentes sociales, políticos y sindicales a trabajar por la erradicación de la tortura, al tiempo que reivindica que los ciudadanos de Euskal Herria sean juzgados por tribunales vascos y exige "la salida inmediata de la Guardia Civil y la Policía española de nuestro territorio".

El trato específico a las mujeres

Los testimonios de Maite Pedrosa y Cristina Gete recogidos en el informe de AI ponen de manifiesto el carácter específico de las torturas a las que son sometidas las mujeres en comisaría. El año pasado una quincena de ciudadanas vascas denunciaron malos tratos a manos de los distintos cuerpos policiales.

En sus relatos se repiten las amenazas y vejaciones por su condición femenina. En diversos casos, las detenidas son desnudadas.

Maite Pedrosa expone en su denuncia que los golpes comenzaron durante su traslado a Madrid. No le permitían dormir y a penas le proporcionaban alimentos. Una vez allí le aplicaron varias veces la "bolsa", perdiendo el conocimiento en cuatro ocasiones. Durante el periodo de incomunicación fue desnudada y objeto de vejaciones, tocamientos e insultos.

Tal y como recoge el informe de AI, le fueron introducidos por la vagina y el ano dedos, manos y algo frío que, según los guardias civiles, se trataba de una pistola. Los golpes por todo el cuerpo continuaron, sobre todo en la cabeza. También las amenazas de muerte, violación y con ser sometida a la "bañera" o la "bolsa".

Ante otros detenidos

Durante su detención fue llevada ante otras de las personas arrestadas o a salas desde las que podía escuchar gritos o ver cómo otra persona era golpeada en el suelo. Tampoco faltaron amenazas sobre la suerte que podían correr sus familiares.

No menos impactante es la declaración de Cristina Gete. Se repiten los golpes y similares amenazas de carácter sexista. En uno de los interrogatorios le colocaron una bolsa en la cabeza que le produjo asfixias y provocó que cayese varias veces al suelo.

Fue llevada también ante otros detenidos, uno de ellos, su compañero sentimental. En salas contiguas podían escuchar el uno los gritos del otro.

En presencia de su compañero, los agentes, sin dejar de tocarla, le introdujeron una especie de palo en la ropa interior pasándoselo por la vagina y el ano.